Adesam está integrada
básicamente
por trabajadores del sistema público de Salud y de Justicia,
que decidimos unirnos en un accionar conjunto en defensa de
los derechos vulnerados de personas con padecimiento mental
severo. Proviniendo de distintos lugares institucionales, apostamos
a asociarnos para potenciar y ampliar los márgenes
y la efectividad de cada trabajo individual. Esta decisión
comenzó a
implementarse hace tres años y en septiembre de 2005,
logramos nuestra constitución como asociación
civil.
Nos
reunimos para coordinar acciones e intentar incidir desde una
mirada más amplia y abarcativa que la posible
en cada lugar, trabajando estratégicamente en el campo de
prácticas y políticas de Salud Mental desde la perspectiva
de los DDHH.
Es un intento de contribuir,
desde la percepción
directa de las deficiencias presentes y las necesarias transformaciones
de ese sistema, a la revisión y formulación de políticas,
planes, prácticas, legislaciones, colaborando con la estructuración
de los servicios de salud de conformidad con los tratados y estándares
internacionales de derechos humanos como eje del trabajo en Salud
Mental.
Como asociación civil no nos proponemos reemplazar
al Estado en todas esas tareas de las cuales es garante y responsable
de modo indelegable, pero sí acompañar las iniciativas
que surjan desde ese sector.
Trabajamos para colaborar en
el encuentro y la puesta en conocimiento de tantas experiencias
valiosas que se llevan adelante en nuestro país y en países del área, con
el objetivo de mejorar la atención y calidad de vida de
las personas con grave sufrimiento psíquico. Estas prácticas
suelen mantenerse en el aislamiento, por no ser conocidas ni estudiadas
por otros sectores que podrían nutrirse de ellas. El aislamiento
y la falta de reconocimiento genera efectos negativos en los actores
sociales de estas prácticas, con riesgo de caer en el desánimo
por sentirse desvalorizados y con la sensación de siempre
estar empezando de nuevo.
Ese desconocimiento y desarticulación no está presente
solo en los lugares de trabajo sino que también se da a
nivel del Estado en sus distintos sectores y niveles. Se superponen
planes y Programas, muchas veces remanentes de gestiones que terminan,
en convivencia más o menos armónica con otras que
empiezan, sin ligar lo anteriormente realizado. Queremos contribuir
a romper el aislamiento que afecta directamente la situación
de los usuarios del sistema.
Para ello, Adesam promueve y
forma parte de diversas redes que van ligando progresivamente a
quienes están trabajando
por la transformación del sistema de salud en el terreno
de la Salud Mental , sin duda inescindible del conjunto de la Salud.
Redes que favorecen la potenciación de la energía
desplegada en estas experiencias, las que podríamos considerar
buenas prácticas en Salud Mental, por ser humanizantes respecto
del modelo asilar y productoras de subjetividad tanto en quienes
asisten como en quienes son asistidos.
Creemos que la atención de la salud mental está en
directa relación con la generación y fortalecimiento
de lazos comunitarios y personales, más allá de la
esperable eficiencia técnica que pueda aplicarse en los
tratamientos.
Adesam promueve la sustitución de todos los hospitales
neuropsiquiátricos por servicios con base en la comunidad,
reafirmando la necesidad de instalar sistemas de salud integrales,
ambulatorios, participativos, que intervengan en la atención,
prevención y promoción de la salud, evitando la cronificación.
El marco de esta sustitución es el necesario y profundo
cambio cultural que destierre la idea instalada del aislamiento
del enfermo mental, del hospicio como el lugar apropiado para alojar
a quienes sufren grave padecimiento subjetivo. Es hora de que nuestra
sociedad pueda ofrecer otras respuestas a situaciones críticas
que pueden presentarse en el curso de la vida de las personas.
Ya hay en nuestro país y en el mundo modelos de intervención
probados en su eficacia para hacerlo.
En ese sentido consideramos necesario
exigir a quienes desempeñan
responsabilidades en los diversos niveles del Estado, y desde los
distintos lugares de desarrollo de nuestras prácticas, la
sanción y cumplimiento de la legislación más
progresiva y garantista de los derechos, de tratados, declaraciones
y documentos internacionales y de la legislación nacional
concerniente para construir la legalidad en todos los ámbitos,
públicos y privados.